El contrato menor mal usado ½: fraccionamiento, favoritismo y falta de transparencia

¿Qué son los contratos menores en la Administración Pública?

Los contratos menores son una modalidad de contratación pública simplificada y directa, regulada por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en España. Están pensados para cubrir necesidades de pequeña cuantía de forma ágil y eficiente, sin los trámites complejos de otros procedimientos.

Características principales

• Objeto: Contratos de obras, suministros o servicios de escasa cuantía.
• Límites económicos:
  • Obras: menos de 40.000 € (IVA no incluido).
  • Servicios o suministros: menos de 15.000 € (IVA no incluido).
• Forma de adjudicación: Directa, sin necesidad de concurso o licitación pública.
• Justificación: Requiere una memoria que motive la necesidad y la elección del proveedor.
• Prohibición de fraccionamiento: No se pueden dividir contratos mayores para eludir los límites.
• Publicidad: No se publican con antelación, pero sí deben registrarse posteriormente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Ventajas

• Rapidez y menor carga administrativa.
• Facilita contrataciones urgentes o puntuales.

Riesgos y precauciones

• Riesgo de uso indebido mediante fraccionamiento artificial.
• Falta de concurrencia competitiva puede afectar la transparencia.
• Sujetos a control por órganos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas.

Los contratos menores son una herramienta útil si se utilizan con rigor, respetando los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.

🛑 Caso ficticio: Uso irregular del contrato menor en adjudicaciones reiteradas

En varias entidades locales españolas con el mismo signo ideológico, se detecta un patrón común: la publicación periódica de revistas institucionales (boletines municipales, memorias de gestión, informes propagandísticos, etc.).

📑 Situación:

• Cada ayuntamiento adjudica mediante contrato menor la edición, maquetación, impresión y distribución de sus publicaciones.
• La empresa adjudicataria suele ser la misma o pertenece al mismo grupo empresarial.
• El importe de cada contrato está por debajo del límite legal (15.000 € para servicios, IVA excluido).
• Las adjudicaciones se repiten cada trimestre, semestre o año, sin concurrencia ni procedimiento abierto.

⚠️ ¿Dónde está el problema?

El problema radica en que se trata de necesidades recurrentes y previsibles. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público prohíbe utilizar el contrato menor para cubrir servicios periódicos o continuados cuando deberían haberse licitado por procedimiento abierto.

Además, la reiteración sistemática a favor de las mismas empresas puede suponer una vulneración del principio de libre concurrencia y transparencia.

🚨 Posibles infracciones:

• Fraccionamiento ilegal del contrato para eludir los umbrales legales.
• Preferencia continuada hacia ciertos proveedores sin justificar.
• Ausencia de publicidad y de expediente completo de contratación.

🧾 Consecuencias legales y administrativas:

• Los contratos podrían ser anulados por los órganos de control (Tribunales Administrativos o Cámaras de Cuentas).
• Responsabilidad disciplinaria y/o contable de los responsables de contratación.
• Posibles investigaciones por prevaricación administrativa si hay intencionalidad.

Este ejemplo ficticio evidencia cómo el abuso del contrato menor para fines reiterados puede encubrir malas prácticas administrativas y vulnerar los principios de la contratación pública: legalidad, eficiencia y transparencia.

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Si te interesa cómo implementar protocolos y procedimientos para auditar (especialmente en el contexto del contrato menor, control interno, trazabilidad documental y prevención del fraccionamiento), te recomiendo este recurso práctico con modelos y plantillas listos para adaptar a tu organización:

Ver guía y modelos de auditoría →

Qué podrás hacer con esta guía

• Diseñar un mapa de controles para compras y contratación menor (necesidad, objeto, importe, proveedor, plazos).
• Implantar procedimientos antifraccionamiento (alertas por NIF, objeto similar, periodos y umbrales).
• Establecer listas de verificación previas y posteriores a la adjudicación (memoria justificativa, conformidad, registro).
• Estandarizar plantillas de informes para auditorías internas y seguimiento de recomendaciones.
• Configurar un cuadro de mando con indicadores: recurrencia por proveedor, % contratos repetidos, tiempos y desvíos.

Cómo personalizarlo a tu realidad

Adapta los modelos a tu marco normativo y al tamaño de tu organización:

1. Contextualiza límites, autorizaciones y responsables (órganos gestores, intervención, secretaría).
2. Parametriza umbrales y reglas de alerta según riesgo (importe, repetición, tipología del objeto).
3. Integra el flujo documental con tu ERP/gestor (registro, publicación, comprobación de proveedor, conformidad).
4. Capacita a las unidades tramitadoras con ejemplos reales y casos de uso frecuentes.
5. Mide y mejora: revisa KPIs trimestralmente y actualiza las listas de verificación.

Consejo: empieza con un piloto de 60–90 días en un área de gasto recurrente (p. ej., mantenimiento o suministros) y extiende el modelo al resto cuando el flujo esté estabilizado.

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Nota: El contenido es informativo y debe contrastarse con la normativa vigente y los procedimientos internos de tu entidad.